TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 429/2015

Sucre: 16 de Junio 2015

Expediente: LP - 27 - 15 - S

Partes: Luz Chávez Soria c/ Willy Osvaldo Castro San Miguel

Proceso: Divorcio

Distrito: Santa Cruz

VISTOS: El recurso de casación de fs. 724 a 726, interpuesto por Willy Osvaldo Castro San Miguel contra el Auto de Vista Nº 61, de fecha 04 de febrero de 2014, cursante a fs. 719 a 720 y vta., pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de divorcio seguido por Luz Chávez Soria contra el recurrente; el Auto de concesión de fs. 730, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Luz Chávez Soria interpone demanda ordinaria de divorcio en contra de Willy Osvaldo Castro San Miguel fundada en la causal establecida en el art. 130 numerales 1) y 4) del Código de Familia, manifestando que contrajo matrimonio con el demandado en fecha 04 de enero de 1985, dentro del cual procrearon una hija, Valeria Cecilia Castro Chávez, quien a la fecha es mayor de edad y que durante su vida conyugal fue víctima de malos tratos, al margen de que por comentarios de terceros se enteró su esposo se exhibe con otra mujer en lugares públicos, motivos por los cuales interpone la presente demanda. A fs. 12 a 13 y vta., el demandado a tiempo de responder negativamente la demanda reconviene por la segunda causal de la demanda principal.

Tramitado el proceso, el Juez Cuarto de Partido de Familia de la ciudad de La Paz, pronuncia la Sentencia Nº 15, de 07 de enero de 2013, cursante fs. 688 a 690, declarando probada en parte la demanda, es decir, probada por la causal prevista por el art. 130 num. 4) del Código de Familia e improbada por la causal del inc. 1 del mismo artículo de la norma legal referida, así como la demanda reconvencional, por la misma causal, sin costas, disponiendo la disolución del vínculo matrimonial, y homologando las medidas provisionales dispuestas por Auto de fs. 472 a 473. 

Fallo judicial que fue recurrido de apelación por Willy Osvaldo Castro San Miguel a través del memorial de fs. 692, y por la actora conforme los términos del memorial de fs. 693 a 694 del expediente, que fueron resueltos por Auto de Vista Nº 61, de 04 de febrero de 2014, cursante a fs. 719 a 720 y vta., pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que confirmó la Sentencia apelada y el Auto objeto de impugnación.

Contra esta última Resolución, Willy Osvaldo Castro San Miguel, interpone el recurso de casación, que es motivo de Autos.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El recurrente aduce que interpone recurso de casación de conformidad a lo establecido por el art. 253 del Código de Procedimiento Civil, expresando los siguientes agravios:

Que la actora en su demanda hizo alusión a las sevicias, injurias y malos tratos de palabra que hubiera sufrido de mi parte, mas no hizo alusión a agresiones físicas, empero se falló declarando probada la demanda en consideración a un certificado médico que hace alusión a la existencia de lesiones físicas, documental que tampoco prueba que hubieran sido infringidas por él, por cuyo motivo considera que la Sentencia así como el Auto de Vista que la confirma constituyen resoluciones ultrapetitas, atentando lo dispuesto por los arts. 116 y 115 de la Constitución Política del Estado.

Del mismo modo refiere que el monto asistencial de Bs. 900, fijado dentro de la medida provisional es muy alto, en consideración que la actora tiene un ingreso mensual como jubilada de Bs. 4.900, Resolución que al haber sido notificada erradamente impidió la presentación de prueba tendiente a desvirtuar la pretensión de la actora en este punto.

Que su finalidad es la nulidad del proceso, debido a que la sentencia no consideró sus pretensiones, forzando una Resolución beneficiosa para la parte contraria, sin considerar que al tener la actora una conducta nerviosa  le profirió malos tratos, justificándose en una supuesta relación extramatrimonial, aspectos que debieron lugar a declarar probada la demanda reconvencional.

Concluye solicitando que se anule el proceso hasta la Sentencia por constituir la misma una Resolución ultrapetita, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 250, 253, 255 y 258 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

No obstante que el impugnante no precisa si el recurso interpuesto es en la forma o en el fondo y tampoco cumple con las exigencias contenidas en el num. 2) del art. 258 del C.P.C., sin embargo, a mérito de la tutela judicial efectiva y el principio pro actione, se pasa a resolver dicho recurso, según los cuestionamientos expuestos en el mismo.

A dicho efecto y con relación a la primera alegación efectuada por el impugnante, referido a que la actora en su demanda no refirió ser objeto de agresiones físicas, sin embargo se hubiera fallado en base a un certificado médico que hace alusión a lesiones físicas, sin determinar por quien hubieran sido infringidas las mismas; al respecto cabe referir que la actora demandó el divorcio bajo el amparo de la  previsión de los num. 1) y 4) del art. 130 del Código de Familia, habiendo sido declarado probado en cuanto al segundo supuesto del num. 4) del artículo de referencia, cuyo texto en su integridad señala: “Por sevicias, injurias graves o malos tratos de palabra u obra que hagan intolerable la vida en común”, es decir, que el inciso del artículo referido debe ser interpretado en forma independiente empero teniendo estos supuestos el común denominador de la “vida intolerable en común de los cónyuges”; al margen de lo referido diremos que si el recurrente consideraba que la pretensión principal era obscura, imprecisa o en ella existía contradicción, bien pudo oponer contra la misma la excepción prevista por el art. 336 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, a efectos de que se aclare o llene algún vació en la relación fáctica que hubiera sido detectado por el ahora recurrente, aspecto que al no haberlo hecho no puede ser aducido para pretender la nulidad del proceso, acusando un fallo ultra petita, pues al no haber observado la claridad o el vacío de la relación fáctica y la pretensión formulada por las tres causales establecidas en el num. 4) del art. 130 del Código de Familia (por sevicias, injurias graves o malos tratos de palabra u obra que hagan intolerable la vida en común), se entiende que el trámite y la relación procesal se ha desarrollado sobre estos tres hipotéticos, quedando abierta –para la actora- la posibilidad de probar cualquiera de estos supuestos, por lo que la aplicación del art. 16.I de la Ley de Órgano Judicial, aplicado por el Tribunal Ad quem –de conservar los actos procesales- fue la correcta, pues la anulación solo procede cuando dicho vicio procesal afecte al debido proceso y el derecho a la defensa reclamados en el plazo oportuno reconocido por Ley a los litigantes, de lo contrario queda cubierta por el consentimiento tácito de las partes, como sucedió en el caso de Autos.

En cuanto a la asignación de la asistencia familiar enfocado como un derecho, sí es susceptible de análisis y pronunciamiento en etapa casacional, en cuya consideración se analizará el mismo, en ese marco el art. 143 del Código de Familia, establece que respecto a los divorcios declarados con apoyo del artículo 131 del Código de Familia se fijará una pensión de asistencia al cónyuge que la necesita; por su parte el art. 143 de la misma norma legal, dispone que: “si el cónyuge que no dio causa al divorcio no tiene medios suficientes para su subsistencia, el juez le fijará una pensión de asistencia familiar en las condiciones previstas por el art. 21”, en base a dichas normas y conforme la revisión de obrados se evidencia que el Juez A quo fijó una asistencia familiar provisional (mientras dure el proceso) a favor de la actora en la suma de Bs. 900, bajo el fundamento de que el demandado Willy Osvaldo Castro San Miguel percibe una renta de Bs. 9.200 y la recurrente al ser jubilada tiene un ingreso de Bs. 4.900, conforme el Auto de medidas provisionales de 25 de enero de 2012, (fs. 472-473), empero, fue la misma actora, que a tiempo de responder al interrogatorio realizado por el Juez dentro de la merituada audiencia, quien manifestó ser jubilada y tener una renta de Bs.4.900, confesando de esta forma que la misma tiene un ingreso económico, por consiguiente los medios necesarios de subsistencia, beneficio que solo procede en favor del cónyuge que la necesite, sujeto a comprobación de no tener medios suficientes para su subsistencia, de ahí que no resulta correcta la determinación asumida por los de instancia al asignar una asistencia familiar a su favor, aun sea esta provisional, confesión que fuera corroborada por la documental de fs. 466 y 467, consiguientemente resulta evidente la errónea aplicación del art. 143 del Código de Familia al caso de Autos, realizada por los de instancia al asignar este beneficio a favor de la demandante.

Por otra parte en cuanto a la fijación al monto asistencial de Bs.900.- asignado a favor de la demandante como emergencia de las medidas provisionales dispuestas, sin considerar que la recurrente tiene un ingreso mensual como jubilada de Bs.4.900, la misma ya no corresponde pronunciarse por la decisión asumida en el párrafo que antecede, pese que por su provisionalidad, el monto de la asistencia no admite recurso de casación.

Con relación al tercer agravio en sentido que a consecuencia de la conducta nerviosa de la demandante le hubiera proferido malos tratos, empero, de la revisión del proceso se tiene que el recurrente no aportó medio legal alguno a efectos de probar lo alegado, agravio que en realidad resulta ser un simple desacuerdo con lo resuelto por los jueces de instancia, sin embargo a efectos de aclaración diremos que la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio con la finalidad de crear la convicción del juzgador, en el ejercicio de esta atribución, las pruebas producidas deben ser apreciadas por los jueces de acuerdo a la valoración que les otorga la Ley, esto es lo que en doctrina se denomina el sistema de apreciación legal de la prueba, puesto que el valor probatorio de un determinado elemento de juicio está consignado con anticipación en el texto de la Ley; o, la apreciación de los medios probatorios deben efectuarse de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que constituye una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción, entendiendo con Couture, que las reglas de la sana crítica son, ante todo las reglas del correcto entendimiento humano en las que intervienen las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del Juez, es decir, con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. En consecuencia, el Juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no siendo libre de razonar a voluntad discrecional o arbitrariamente.

Lo anteriormente expuesto encuentra su respaldo dentro de nuestra normativa en lo previsto por el art. 1286 del Código Civil, que a la letra dice: "Las pruebas producidas serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio". En coherencia con esta disposición sustantiva, el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, en su parágrafo I establece que: "Las pruebas producidas en la causa serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorgare la ley; pero si ésta no determinare otra cosa, podrá apreciarlas conforme a su prudente criterio o sana crítica".

En ese marco, se tiene que al haber la actora producido prueba tendiente a demostrar su pretensión, como el certificado médico de fs. 20, documental que no podía ser obviada por los juzgadores, que acreditan fehacientemente la existencia de malos tratos hacia la actora, más aun si el recurrente no produjo prueba alguna para desvirtuarla y menos la observó en su oportunidad, de ahí que resulta correcta la determinación asumida por los jueces de grado, por cuyo motivo el agravio acusado resulta infundado.

Por lo señalado precedentemente, corresponde a este máximo Tribunal resolver en la forma prevista por los arts. 271 num. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto por los arts. 271 num. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista Nº 61, de fecha 04 de febrero de 2014, cursante a fs. 719 a 720 y vta., y deliberando en el fondo, declara no ha lugar a la asignación familiar a favor de la actora, por contar la misma con los medios necesarios para su subsistencia, manteniendo en lo demás incólume la Resolución impugnada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán

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